La idea que el gobierno español tiene de laicidad parece significar que la ética pública se identifica con el acatamiento de las leyes vigentes emanadas del Parlamento. Si esto es así me hago dos preguntas: ¿Por qué el gobierno no hace caso a los vigentes acuerdos entre Iglesia y Estado respecto a ofrecer la asignatura de Religión como optativa, en condiciones de equiparabilidad académica con las demás asignaturas, tal y como se dice expresamente en tales acuerdos? ¿Por qué el gobierno no toma medidas contra ciertas manifestaciones públicas que, de intento, promueven escarnios y burlas contra los sentimientos religiosos de un gran número de ciudadanos, vulnerando así el artículo 525 del actual Código Penal?
José Ignacio Moreno Iturralde
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