El actual gobierno español parece instalarse algunas veces en la amoralidad, al considerar esta postura como la más convenientemente democrática a la hora de hacer ciertas legislaciones. Leyes como la de la eutanasia, o la nueva ley de educación, que cercena la libertad de enseñanza, establecen distancias contra las actitudes cristianas. Estas jurisprudencias se han hecho rápidamente, aprovechando circunstancias de pandemia y negando cualquier diálogo con los profesionales sanitarios y educativos correspondientes.
Tales leyes se añaden a la consideración del aborto como un derecho, sin el más mínimo respeto para la vida del nonato, a la manipulación de embriones humanos, y a leyes sobre el matrimonio donde se vacía de contenido a una antropología cristiana. La defensa de estas leyes se plantea como una sana diferencia con lo confesional; pero no es así. Un planteamiento moral cristiano no quiere un confesionalismo de estado, sino defender derechos humanos universales, naturales, basados en imperativos morales válidos para todos los hombres, como son: no matar o no robar. La existencia de una ética natural, al establecer una ley superior a la de grupos de intereses, asegura la protección de tales imperativos de respeto a toda vida humana. Además, existen millones de personas de diferentes credos al cristiano, y sin ningún credo particular, que defienden la citada ética natural o ley natural. Excluir la valoración cristiana a la hora de legislar, descalificando a quienes la profesan de confesionales, no solo es una marginación de muchos ciudadanos, sino una falsedad que supone un serio empobrecimiento de la democracia. Los citados gobernantes, que hablan frecuentemente de libertad, la niegan -incluso con medidas legales- a quienes discrepan en cuestiones claves para entender al ser humano, como es la realidad de la familia. También imponen ideologías opuestas al sentir de muchos ciudadanos, utilizando el sistema público de enseñanza como un rodillo ideológico, sin ningún tipo de consulta a los padres de los niños y jóvenes.
Desde el respeto a su dedicación al servicio público, sabiendo que el actual gobierno es sensible a causas nobles como la ayuda a los emigrantes, la promoción de la mujer en la vida social y la ecología, entre otras, los cristianos tenemos derecho a que se tengan en cuenta nuestras ideas sobre derechos humanos, sabiendo que pueden ser defendidas desde diversas opciones políticas. Tenemos, por tanto, el deber de participar en la elaboración de las leyes de nuestra sociedad y también de lo que es específicamente cristiano: comprender, procurar buscar puntos comunes y rezar por los que pretenden mantenernos fuera de la construcción de la esfera pública.
José Ignacio Moreno Iturralde
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