El Observatorio contra la LGTBfobia ha denunciado
recientemente a los obispos de Alcalá y de Getafe porque considera que los
prelados han incitado al odio y a la discriminación contra la orientación
sexual de las personas. Tal incitación iría contra el artículo 510 del Código
Penal español. Permítanme ver el asunto de otra manera: Los obispos han
explicado con razones y serenidad, en virtud de su posición y de la libertad de
expresión que todo ciudadano tiene, los motivos por los que no consideran justa
la «Ley
de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Madrid», aprobada el pasado
marzo. Consideran que una ley que prohíbe criticar una antropología homosexual
no es buena para la sociedad. Estos obispos no han faltado al respeto a ninguna
persona concreta ni a su conciencia, sino que han expresado su derecho a
disentir respecto a unas ideas que consideran equivocadas y negativas para la
sociedad.
El citado Observatorio no
ha tenido a bien establecer un diálogo democrático, basado en una constructiva
ecología humana, de respeto e igualdad a quien disiente de las ideas propias. Sin
embargo, tal Observatorio sí pretende desacreditar a personas concretas,
actuando contra ellas por la
intimidación y el recurso judicial. Me pregunto: ¿Quién está realmente incitando
al odio caracterizado en el 510 del Código Penal? ¿No serán los mismos que frecuentemente
en sus manifestaciones se burlan de los sentimientos religiosos de miles de
personas, vulnerando de pleno el artículo 525 del mismo Código Penal?
José Ignacio Moreno
Iturralde
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