Los altos Tribunales del Estado, con sus sentencias, no solo
intentan procurar la justicia sino que establecen diagnósticos o referencias
que producen beneficios o perjuicios sociales según su grado de acierto o de
error. Es comprensible que tales Tribunales busquen conclusiones casaderas con
lo políticamente correcto; siempre que no procuren un daño social cierto.
Respecto al llamado matrimonio homosexual
existe una presión política, no social, para su legitimación
constitucional. Con el más absoluto respeto a las personas homosexuales pienso
que de tal legitimidad se derivaría un malestar social. La actual crisis
económica no ha llegado a una abierta lucha violenta gracias, una vez más, a la
solidaridad de las familias. La inmensa mayoría de ellas se componen de
matrimonios entre mujer y varón y –muchas veces- de sus hijos. La inestabilidad
de las uniones homosexuales, reconocida por sus propias federaciones, es muy
superior a los matrimonios entre mujer y varón. La posibilidad de descendencia
y la solidaridad intergeneracional son algunos de los valores humanos
fundamentales que las uniones homosexuales, por su propia naturaleza, no pueden
garantizar. Afirmar que es matrimonio algo que no puede cumplir con sus
funciones puede ser, a medio plazo, más grave que negar una crisis económica
que luego se manifiesta devastadora. No estamos hablando solo de cuestiones
éticas sino de la viabilidad de nuestra
propia sociedad que se aleja del necesario recambio generacional demográfico.
Los Tribunales tienen la responsabilidad de custodiar la seguridad y
estabilidad de la sociedad.
José Ignacio Moreno Iturralde
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