Soy
profesor de instituto y después de trabajar en la enseñanza pública varios
cursos, pedí la excedencia voluntaria y pasé a ser profesor en enseñanza
concertada, hace casi veinte años. Quisiera expresar mi opinión sobre la nueva
ley de educación que el gobierno español se apresura a sacar adelante. Lo hace
en plena pandemia; sin escuchar a importantes sectores educativos. Tal ley
supone un atropello de la libertad de elección de los padres respecto al centro
docente para sus hijos, aplicando inauditos criterios zonales. Una legislación
que dice ser inclusiva, pese a ejercer un ataque frontal a le educación
concertada; lo que va a provocar el cierre de muchos colegios, enviando al paro
a miles de profesionales. Una normativa que se jacta de igualitaria,
estrangulando la viabilidad de la pluralidad educativa. Un tipo de enseñanza
que presume de ser personalizada imponiendo ideologías contrarias a millones de
musulmanes, judíos y cristianos, al tiempo que margina la religión. Una
confusión que afirma que solo lo estatal es público, negando la financiación a
iniciativas educativas para millones de familias que pagan sus impuestos como
todos los demás. Un ejercicio de derecho como dominio que, con aguda
incoherencia, dice ser consensuado.
Pese a todo, confío en un futuro donde la educación estará al
servicio de las familias. Una época inteligente en que la diversidad educativa
será complementaria para buscar el mejor servicio a los alumnos y a sus
familias. Una democracia colaborativa donde los ciudadanos sean los verdaderos
protagonistas de su educación y de su progreso. Esta esperanza tiene raíces:
creo en mis alumnos, creo en los jóvenes; por esto soy profesor.
José Ignacio Moreno Iturralde
